La diputada Verónica Martínez García, del PRI, propuso modificaciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para otorgar las mejores condiciones de desarrollo a las niñas y niños que nazcan mientras sus madres están en prisión, y eliminar todo riesgo que amenace su futuro.
La iniciativa, que reforma y adiciona los artículos 10, 44 y 116 del citado ordenamiento, establece que en el caso de las niñas y niños que permanezcan con su madre privada de la libertad en algún centro penitenciario, podrán hacerlo hasta que cumplan los tres años de edad, por lo que la separación se realizará en forma gradual y bajo la supervisión de un especialista en psicología.
Puntualiza que el especialista deberá emitir un dictamen en el que se recomiende la realización de un régimen de visitas y convivencia entre el menor de edad y su madre interna durante los días de visitas familiares, estableciendo sus términos, además de procurar en todo momento la conservación del vínculo emocional entre ambos.
Indica que la custodia de las niñas y niños que sean separados de su madre interna y salgan del centro penitenciario se otorgará a un familiar designado por la madre, o bien, a un albergue de la Fiscalía General de la República o de la respectiva entidad federativa, según el caso, o a alguna organización de la sociedad civil certificada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, quien será la autoridad encargada de darle la atención psicológica recomendada, lo cual deberá ser coordinado con quien tenga la custodia del menor de edad.
Precisa que “en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, durante la estancia de las niñas y los niños en algún centro penitenciario, en todo momento deberán recibir una alimentación adecuada, atención pediátrica, y contar con los espacios que permitan su recreación y actividades didácticas, como parte de su sano desarrollo, velando por el interés superior de la niñez”.
El documento, turnado a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, señala que el Estado tiene la obligación de proteger por todos los medios el interés superior de la niñez; es decir, garantizar de manera plena que accedan a todos sus derechos para satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, entre otros, como parte de su desarrollo integral.
Menciona que la cantidad de niñas y niños que permanecen bajo estas condiciones es variable año con año, pues de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ese año había 344 niñas y niños; en 2022, 346; en 2021, 343; en 2020, 128; 2019, 362, mientras que en 2018 fueron 436.
“Según datos que se desprenden del Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay centros penitenciarios en los que no se permite la estancia de población infantil en su interior. Sin embargo, algunas entidades como Guerrero, concretamente en los municipios de Acapulco y Chilpancingo, transgreden el principio del interés superior de la niñez, al permitir en sus centros penitenciarios la estancia de niñas y niños de 8 años de edad y en otros a menores de 12 años de edad”.
Esto, advierte, tiene el riesgo de generar un verdadero problema social que puede magnificarse en pocos años al estar expuestos a un ambiente penitenciario y en contacto directo con diversos factores criminógenos, además de crearles alteraciones en el aspecto psicológico.
Las niñas o los niños que crecen en un centro penitenciario, desde temprana edad estarían expuestos a situaciones de constante violencia, hacinamiento, insalubridad, o circunstancias inadecuadas, por lo que a pesar de que se encuentren resguardados con su madre, el ambiente en que se desarrollarán es sumamente dañino, máxime si ya cuentan con una edad en la que puedan percibir conscientemente dichas circunstancias frecuentemente”, enfatiza.
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