Ricardo Del Muro / Austral
El movimiento estudiantil de 1968 y la masacre de Tlatelolco, el 2 de octubre, terminaron con las promesas de la Revolución mexicana y marcaron el fin del “milagro mexicano”. A pesar de que fue reprimido violentamente, este acontecimiento marcó a una generación de jóvenes y fue un punto de inflexión que cristalizó en la reforma política de 1977, además de que impulsó la lucha por la democracia, el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión.
En un primer momento, la clase política mexicana minimizó la tragedia. El presidente Gustavo Díaz Ordaz, en su cuarto informe de gobierno, se ufanó de haber “asumido personalmente la responsabilidad” por los hechos, en una muestra de arrogancia que pretendía convertir la represión en prueba de firmeza. Mientras tanto, los medios controlados por el gobierno apenas mencionaron la magnitud de la masacre, diluyendo la tragedia entre noticias deportivas y la inminente inauguración de los Juegos Olímpicos.
Durante décadas, la narrativa oficial silenció a las víctimas, criminalizó a los estudiantes y convirtió la memoria del 68 en un “episodio más” en la historia de la represión contra los opositores al proyecto de la Revolución mexicana. Sin embargo, ese mismo autoritarismo y arrogancia que en 1968 mostró su rostro más brutal sería el que, décadas después, minó la legitimidad del partido gobernante (PRI) hasta llevarlo a la derrota electoral del año 2000.
El 8 de noviembre de 2011, el Congreso de la Unión declaró el 2 de octubre como Día de Duelo Nacional. Además, se propuso inscribir dicha fecha en el muro de honor de la Cámara de Diputados, en memoria de los “mártires de la democracia”. En 2018, el gobierno de México admitió que la actuación del mismo en los hechos del 2 de octubre de 1968, fue un crimen de estado, y estableció que su Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) extendiera reparaciones a las víctimas y les dedicara un monumento.
El 2 de octubre de 2024, como primer acto de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que lo ocurrido en Tlatelolco fue un crimen de lesa humanidad, admitiendo oficialmente la responsabilidad del Gobierno de México como perpetrador de la masacre y pidiendo una disculpa pública a las víctimas y sus familias.
Sin embargo, hasta la fecha “el 2 de octubre no se olvida” y cada año se realizan manifestaciones en la Ciudad de México para recordar esta fecha que tuvo consecuencias traumáticas para una generación de jóvenes mexicanos y marcó el futuro político del país.
Las balas del ejército y la policía no sólo asesinaron a centenares de personas, sino que terminaron con la confianza de los ciudadanos hacia los políticos y el gobierno mexicano. “Tlatelolco – en palabras de Gilberto Guevara Niebla – hizo volar en pedazos la confianza ingenua que los estudiantes tenían en el orden legal, en la democracia, en las instituciones, en la Revolución Mexicana, y en lugar de esos valores y creencias se creó en ellos, primero, un vacío, después un rencor desesperado, un sentimiento denso de odio y coraje que sólo podía conducir al delirio y a la locura”.
Guevara Niebla, ex intregrante del Consejo Nacional de Huelga en 1960, ex preso político en Lecumberri y, posteriormente, destacado pedagogo, en un artículo publicado en 2017, lamentó: “Perdimos quienes creíamos que el pliego petitorio sería eventualmente atendido y resuelto por las autoridades. Ganaron los que pregobaban que México no tenía un régimen democrático y que de nada servía buscar una solución pacífica y política a las demandas estudiantiles. Lo que debía hacerse, decían lo revolucionarios, era o bien abandonar la universidad para “ir al pueblo” (maoístas) o bien preparar la revolución armada mediante guerrillas urbanas”.
El costo de la “guerra sucia” emprendida por el gobierno de Luis Echeverría (1970 – 1976) contra los movimientos guerrilleros y la disidencia política en México durante los años setenta fue altísimo en términos humanos, sociales y políticos. Hasta la fecha se desconoce el número de las víctimas. Se estima que entre 500 a 600 personas fueron asesinadas en operaciones del Ejército y la Dirección Federal de Seguridad, y está documentada la desaparición de entre mil 200 y mil 500 personas entre 1969 y 1980.
La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, creada en 2001, concluyó que durante la guerra sucia el Estado mexicano cometió crímenes de lesa humanidad. En noviembre de 2006, el juez José Mattar, responsable del Segundo Tribunal en Materia Penal, ordenó la detención de Luis Echeverría. Se decretó arresto domiciliario, por su avanzada edad.
Sin embargo, en julio de ese año, un tribunal federal concedió un amparo y finalmente, otro juez penal, Jesús Guadalupe Luna Altamirano, exoneró a Echeverría, quien fallecería el 8 de julio de 2022, después cumplir 100 años y tal vez, como último representante de los “dinosaurios” priístas.
Al paso del tiempo, varios integrantes de la generación del 68, en sus dos vertientes – la política y la guerrillera – tuvieron un papel relevante en la formación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que encabezó la rebelión indígena en Chiapas en 1994 y también en la formación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en el Movimiento de Renovación Nacional (Morena) que ganó la presidencia de la República en 2018.
El 2 de octubre no se olvida, pero aquellos jóvenes del 68 ya no son los mismos. Han pasado más de cinco décadas y en cada marcha conmemorativa, participan nuevos jóvenes, se conocen otros testimonios, las viejas demandas de libertad y democracia se enriquecen con las que exigen paz y justicia, pero ante las carencias y desigualdades del país, se mantiene vigente el movimiento que encabezaron aquellos jóvenes del 68. RDM
