Por José Alberto Sánchez Nava
“Cuando la justicia se arrodilla ante el poder, la nación no avanza: se inclina hacia su propio abismo.”
1.- La fractura de la República y el inicio de una nueva era de sumisión institucional.
La anunciada intención de reformar el Poder Judicial en México para subordinarlo a una lógica política y populista, y no al derecho, marca el fin del pacto republicano que garantizaba equilibrio entre poderes. Los llamados “jueces del bienestar”, vigilados por un Tribunal de Disciplina Judicial alineado con la ideología del gobierno, no serán jueces, sino burócratas disfrazados de toga. Si su permanencia depende del agrado presidencial, la justicia se convertirá en complacencia.
Este esquema no sólo representa una amenaza interna; es un grito de alarma para el mundo exterior. La independencia judicial no es un adorno democrático, sino la garantía mínima para que México sea tratado como un socio confiable en el concierto internacional.
2.-Relaciones Exteriores: del liderazgo regional al aislamiento internacional.
La comunidad internacional no es ciega. Gobiernos democráticos, organismos multilaterales y tratados internacionales están fundados en el respeto a la institucionalidad. Si México destruye la división de poderes, será observado como lo que empieza a parecer: un régimen autoritario con rostro electoral.
De Washington a Bruselas, de Ottawa a Ginebra, las advertencias llegarán con el lenguaje diplomático de la condena: suspensión de apoyos técnicos, desconfianza en acuerdos de cooperación y posible ruptura de alianzas multilaterales. México corre el riesgo de ser percibido no como socio, sino como amenaza para la estabilidad hemisférica.
- La inversión extranjera: víctima inmediata de un Poder Judicial ideologizado.
El T-MEC, columna vertebral de la economía mexicana, está cimentado en el respeto al Estado de Derecho. Si las cortes mexicanas dejan de ser espacios imparciales y se convierten en extensiones del Ejecutivo, cualquier empresa extranjera podrá invocar cláusulas de protección ante el despojo legal disfrazado de justicia popular.
El resultado: arbitrajes internacionales, sanciones económicas, juicios multimillonarios y una estampida de inversiones. Nadie pone su dinero en un país donde los tribunales no resuelven conforme a derecho, sino conforme a la consigna del poder en turno.
- Adiós al nearshoring: México se sale de la jugada global.
El fenómeno del nearshoring —el traslado de cadenas productivas hacia países con cercanía y estabilidad— parecía el boleto dorado de México hacia una modernización industrial sin precedentes.
Pero ese milagro económico depende de dos cosas: certeza jurídica y estabilidad institucional. Si los tribunales ya no son garantía de protección de contratos, si la legalidad se interpreta según el humor presidencial, los capitales buscarán refugio en Colombia, Brasil o de regreso a Asia. La ventana de oportunidad se cerrará sin haber sido aprovechada.
- México en la ruta de Caracas y Managua: la autocratización disfrazada de justicia social.
La captura del Poder Judicial es una constante en los regímenes autoritarios del continente. Primero lo hicieron Chávez y Ortega, luego Maduro y Díaz-Canel. Ahora es el turno de la Cuarta Transformación, que avanza hacia una “democradura”: elecciones sin democracia, leyes sin legalidad, instituciones sin autonomía.
Lo que sigue es previsible: persecución judicial de opositores, empresarios incómodos y voces críticas. Los tribunales se convertirán en armas políticas, las libertades serán restringidas y la represión se maquillará de legalidad. El Estado de Derecho dejará de ser una norma y se convertirá en un recuerdo.
- Impacto continental: ¿Quién gana y quién pierde con un México autoritario?
Los únicos beneficiados serán los regímenes autoritarios del hemisferio, que verán en México un aliado poderoso para debilitar los esfuerzos continentales en defensa de la democracia.
China y Rusia también aplaudirán: un México antiestadounidense les permite ampliar su influencia en una región clave. En cambio, Estados Unidos y Canadá verán cómo su frontera sur se vuelve más inestable, menos predecible, más peligrosa.
Y los grandes perdedores serán los mexicanos: empresarios que perderán su patrimonio, trabajadores que verán cerrarse las fábricas, ciudadanos que serán perseguidos por pensar distinto.
- La narcopolítica avanza: candidatos asesinados, fiscalías en silencio
México vive una espiral de violencia electoral sin precedentes. Candidatos asesinados como nunca en el hemisferio. Periodistas silenciados. Regiones enteras bajo control del crimen organizado. Y en medio, fiscalías en silencio y un Poder Judicial que, lejos de resistir, se entrega.
¿Quién investigará los crímenes si los jueces temen perder el cargo? ¿Quién impartirá justicia si el tribunal depende del mismo poder que encubre o pacta? El Estado de Derecho muere no con balas, sino con silencio institucional. Y México se convierte en lo que juró no ser: un narcoestado sin contrapesos.
- Conclusión: México frente al abismo.
El país enfrenta una encrucijada histórica. La reforma judicial propuesta no es una modernización, sino una demolición. El país no avanza hacia una justicia popular, sino hacia una justicia domesticada.
La consecuencia será el aislamiento internacional, la pérdida de inversiones, la ruptura del T-MEC, y la erosión definitiva de la República. México será visto, dentro y fuera, como una democracia en ruinas.
La historia ofrece muchos ejemplos. Ninguno ha terminado bien. La ciudadanía aún puede reaccionar, pero el tiempo se agota. Lo que está en juego no es una reforma: es el futuro del país.
Epílogo:
Una nación que entrega la justicia a los caprichos del poder se condena a vivir bajo la sombra del autoritarismo. La libertad no se decreta, se defiende. Y hoy, más que nunca, México está llamado a decidir si quiere ser república o régimen.
