Por José Alberto Sánchez Nava
“El pago de impuestos, en estricto sentido, no es un tema de derechos humanos”
—Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente electo de la SCJN
- La Constitución le estorbará a la incipiente y nueva Corte
El 31 de julio de 2025, se estrenó una entrevista reveladora entre Hernán Gómez y Hugo Aguilar Ortiz, ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero en lugar de mostrarnos a un jurista preparado para defender la Constitución, lo que observamos fue a un funcionario desbordado por su propia ignorancia doctrinal.
La afirmación que cimbró la conversación —y que debería escandalizar a todo constitucionalista serio— fue contundente y desoladora: “El pago de impuestos, en estricto sentido, no es un tema de derechos humanos”. Esta frase, dicha sin tartamudeos ni matices, es mucho más que un error conceptual: es el retrato nítido de un ministro extraviado, sin brújula constitucional, que ha confundido la justicia fiscal con la sumisión al poder.
¿Puede un ministro presidente de la SCJN desconocer que la legalidad tributaria y el debido proceso son, precisamente, garantías fundamentales del gobernado frente al Leviatán fiscal del Estado? Sí puede. Y eso es, justamente, lo que hoy tiene al país ante un gravísimo dilema institucional.
- Legalidad tributaria: el derecho humano que no quiso ver
La afirmación del ministro electo desconoce abiertamente que el principio de legalidad tributaria, consagrado en el artículo 31, fracción IV de la Constitución, es en sí mismo una garantía mínima de seguridad jurídica y de libertad frente al poder recaudador.
Este principio no es decorativo, ni opcional. Es una cláusula constitucional que protege al contribuyente frente a la arbitrariedad fiscal, garantizando que nadie puede ser obligado a pagar tributos que no estén claramente definidos en una ley expedida por el Congreso.
Al negar que este principio se relacione con los derechos humanos, el ministro Aguilar Ortiz reduce el derecho tributario a una técnica administrativa, ignorando que su legitimidad proviene, precisamente, de su anclaje constitucional y de su sometimiento al control judicial.
Peor aún: al justificar su posición bajo el paraguas de una “justicia fiscal más equitativa”, cae en una falacia peligrosa. Porque la equidad tributaria no se logra con discrecionalidad estatal, sino con leyes claras, procesos justos y tribunales independientes.
- El debido proceso administrativo: la garantía que olvidó (o despreció)
Otro vacío alarmante en la visión del ministro electo es su omisión absoluta del debido proceso administrativo. Este principio —derivado del artículo 14 constitucional y del corpus jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos— garantiza que toda actuación del Estado frente al ciudadano esté sujeta a control, a motivación y a defensa.
Cuando un ministro presidente ignora este derecho, no solo se revela incapacitado para el cargo: se convierte en una amenaza institucional. Porque si el proceso administrativo no es considerado un derecho humano, entonces las inspecciones fiscales, los embargos y las resoluciones del SAT se convierten en actos inapelables de fe estatal, donde el contribuyente está obligado a obedecer antes que a defenderse.
- Una presidencia sin doctrina: entre la toga y la obediencia
La entrevista completa evidencia una realidad cruda: Aguilar Ortiz no tiene formación constitucional suficiente para presidir la Suprema Corte. Su perfil técnico, especializado en litigio indígena, no le otorga por sí mismo la capacidad de dirigir el máximo tribunal del país —y menos aún, de interpretar sus principios más delicados.
No basta ser abogado. Se requiere visión republicana, independencia mental, respeto por la historia constitucional y, sobre todo, defensa firme de las garantías frente al poder. Aguilar Ortiz mostró todo lo contrario: una disposición preocupante a diluir la legalidad en favor de la gobernabilidad, y a reemplazar los derechos humanos por discursos de conveniencia.
- Constitucionalismo decorativo: el fin del equilibrio
Lo más grave de esta designación no es solo el desconocimiento técnico, sino su impacto estructural. Una Corte encabezada por un ministro que relativiza los derechos humanos en materia tributaria, abre la puerta al uso recaudatorio del derecho como herramienta de castigo político y económico.
Si el máximo intérprete de la Constitución niega que pagar impuestos con garantías sea un derecho humano, entonces el Estado puede confiscar, clausurar y embargar sin límites, amparado en la supuesta justicia fiscal del momento.
Eso ya no es derecho. Es autoritarismo con toga.
- Conclusión: El contribuyente desarmado, la Corte silenciada
La Constitución mexicana ha resistido embates presidenciales, crisis económicas y reformas mal diseñadas. Pero quizás el mayor riesgo no provenga del exterior, sino del interior mismo de la Corte.
Un ministro que relativiza la legalidad tributaria y niega el carácter humano del debido proceso no está defendiendo la Constitución: está desarmándola, letra por letra.
México no puede permitirse una Corte sin brújula. Y mucho menos, una presidida por quien no entiende que los derechos del contribuyente son derechos humanos fundamentales.
Hoy, más que nunca, necesitamos jueces que cuestionen al poder, no que lo aplaudan. Porque si la toga se convierte en uniforme, y el juicio en obediencia, la justicia deja de ser justicia. Y el país deja de ser una república.
La entrevista completa en el siguiente enlace:
