José Alberto Sánchez Nava
1.-En los últimos días, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, ha estado en el ojo del huracán tras ser denunciada por la Contraloría Superior de la Federación por presuntos desvíos de recursos por una suma que asciende a 150 millones de pesos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha salido en defensa de Guevara, aduciendo que no le consta dicho desvío y que mantiene su confianza en la funcionaria.
2.-Este escenario plantea interrogantes relevantes sobre la separación de poderes, la responsabilidad de los funcionarios públicos y la confianza depositada por el presidente en sus colaboradores. Es crucial analizar este caso bajo la lupa de la legalidad y el buen ejercicio del poder público en términos de la legislación relacionada con el ejercicio y aplicación de los recursos públicos en el ámbito federal en México. Se subraya que esta legislación debe estar en línea con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, tal como se establece en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3.-La reforma realizada en 2008 tuvo como objetivo fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión y administración de los recursos públicos. Esto se hizo para garantizar que la utilización de estos recursos se realice bajo una estricta vigilancia y eficacia, asegurando que se destinen a los fines para los cuales fueron recaudados, en beneficio de la ciudadanía. El artículo 134 de la Constitución establece que los recursos económicos del Estado deben administrarse de manera eficiente, eficaz, económica, transparente y honrada para lograr los objetivos a los que están destinados. Además, insta a que las leyes respalden estos principios para garantizar su cumplimiento efectivo.
4.-Antecedentes y Acusaciones: La Contraloría Superior de la Federación presentó una denuncia en contra de Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, por el presunto desvío de 150 millones de pesos. Esta es una acusación de suma gravedad que, de comprobarse, representa una violación a la ley y un desfalco a las arcas públicas destinadas al desarrollo del deporte en México.
5.-Las Leyes y sus Implicaciones: Es importante destacar que tanto el Código Penal como la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establecen claramente las acciones que constituyen delitos y faltas administrativas en el ejercicio de la función pública. Desviar recursos destinados a un propósito específico se considera un acto ilícito, y es deber de las autoridades correspondientes investigar y sancionar de acuerdo a la ley.
6.-El Rol del Presidente: El presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado su confianza en Ana Gabriela Guevara y ha sostenido que no le consta el presunto desvío de recursos por el que se le acusa. Sin embargo, es importante recordar que el presidente no posee facultades judiciales ni de fiscalización para determinar la culpabilidad o inocencia de un individuo en casos de corrupción. La separación de poderes es un pilar fundamental de la democracia y del Estado de derecho, y la injerencia directa del Poder Ejecutivo en asuntos judiciales o de fiscalización no es adecuada ni acorde con los principios democráticos.
7.-La Responsabilidad en la Función Pública: Los funcionarios públicos están sometidos a una serie de normativas y principios éticos que deben respetar en el ejercicio de sus labores. La presunta implicación de Ana Gabriela Guevara en un desvío millonario debe ser investigada de manera exhaustiva por las instancias correspondientes, garantizando así la transparencia, rendición de cuentas y justicia.
8.-Conclusiones: El caso de Ana Gabriela Guevara en la Conade plantea un dilema importante entre la confianza otorgada por el presidente y la responsabilidad ante la ley. Es fundamental recordar que la confianza no debe eximir de la rendición de cuentas y la investigación de posibles actos ilícitos. La integridad y transparencia en el ejercicio de la función pública son fundamentales para fortalecer la confianza de la sociedad en sus instituciones y para garantizar el adecuado manejo de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía y del país en su conjunto.
