Estado de los ESTADOS
“Es tirano fuero injusto”: Juan Ruiz de Alarcón
- Fuera fuero, otro cuento
- Retroactividad viola Carta Magna
- ¿Estan investigando los EU a AMLO?
- Playas son de mexicanos, chisme chino
Ciudad de México, 5 de octubre de 2025.- Dentro de la reforma electoral cocinada por la presidentA Claudia Sheinbaum, eliminar el fuero para diputados federales y senadores, gobernadores y diputados locales, es fundamental. La iniciativa se trabajará en diciembre y se presentará al Congreso en febrero de 2026 como parte de un paquete de cambios políticos más amplio. El desafuero en México es una herramienta clave para que legisladores, gobernadores y funcionarios evadan la justicia y puedan ser procesados por casos de corrupción y otros delitos. En las últimas décadas, al menos 12 políticos han perdido inmunidad, a fin de ser juzgados por la comisión de presuntos delitos. La Cámara de Diputados funge como jurado de procedencia y decide si un funcionario puede enfrentar cargos. Los casos de los últimos tiempos nos revelan la inutilidad de esta pretensión la cual,durante el primer periodo de mandato de AMLO se extendió al presidente de la República. La medida para los morenistas es invisible, no se investigan a sí mismo y mucho menos se castigan.
El primer caso se registró en 1909 contra el diputado José López Portillo y Rojas, acusado de fraude; en 1945 se retiró el fuero a los diputados Carlos Madrazo, Sacramento Joffre y Pedro Téllez por traficar con tarjetas para la contratación de braceros; en 1985 fue desaforado el senador Jorge Díaz por fraude a Pemex; René Bejarano, en 2004, por operaciones con recursos ilícitos; Andrés Manuel López Obrador, 2005, cuando era jefe de Gobierno del Distrito Federal, en medio de la antesala de las elecciones presidenciales de 2006; en 2010, Julio César Godoy Toscano perdió el fuero por presuntos vínculos con el crimen organizado, y en 2016 lo hizo Lucero Guadalupe Sánchez López por nexos con Joaquín “El Chapo “ Guzmán; en 2019, Cipriano Charrez Pedraza, de Morena, fue acusado de homicidio doloso; y en 2021, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, enfrentó acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero.
El fuero ha permitido que políticos como Alejandro Moreno Cárdenas, señalado por enriquecimiento ilícito; Cuauhtémoc Blanco Bravo, denunciado por abuso sexual; y Francisco Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, eviten enfrentar la justicia por diversas acusaciones, por mencionar algunos de los casos más recientes. En años recientes, el fuero ha sido utilizado por políticos acusados de corrupción y otros delitos para evadir la justicia. Casos notorios incluyen líderes partidistas, exgobernadores y diputados señalados por delitos graves, que se han beneficiado de este mecanismo para evitar procesos judiciales ordinarios.
En los últimos años, han existido reformas parciales destinadas a limitar el alcance del fuero constitucional, especialmente desde 2018, cuando se buscó eliminarlo o reducirlo significativamente para ciertos cargos públicos, incluyendo al Presidente de la República. Una de las modificaciones más relevantes ocurrió en abril de 2021, cuando el Congreso de la Unión aprobó una reforma al artículo 108 constitucional que permite que el Presidente de la República pueda ser juzgado por delitos como corrupción, delitos electorales, y cualquier otro ilícito, de la misma forma que cualquier ciudadano.
Aunque esto es un avance simbólico, en la práctica el procedimiento para llevar al mandatario ante la justicia requiere que el Senado valide la resolución de la Cámara de Diputados, lo cual sigue representando un filtro político significativo.
EVITAR RETROACTIVIDAD A LEY DE AMPARO
La presidentA Claudia Sheinbaum no está de acuerdo con violaciones a la Constitución por lo que sugirió a legisladores cambiar la propuesta de reformas a la Ley de Amparo para evitar sea retroactiva. El impresentable Arturo Zaldívar, coordinador general de política y gobierno de la Presidencia de la República, dijo el viernes que el primer artículo transitorio generó un debate innecesario sobre la retroactividad de las reformas, lo que sería una violación al artículo 14 de la Constitución. La retroactividad es la aplicación de una ley nueva a hechos, actos o situaciones que ocurrieron antes de que la ley entrara en vigor. En el sistema jurídico mexicano, el Artículo 14 de la Constitución Política prohíbe explícitamente la retroactividad “en perjuicio de persona alguna”. Esto significa que una ley solo puede ser aplicada de forma retroactiva si beneficia a una persona, nunca si la perjudica
Para el magistrado en retiro, Juan Pablo Gómez Fierro, lo realmente crítico de la reforma son los cambios que debilitan la suspensión de medidas cautelares y la revocación de permisos, así como la inmunidad parcial otorgada a ciertas autoridades. “Sin suspensión, en muchos casos el juicio de amparo carecería de un efecto práctico y del objetivo que se busca, que es reparar una violación a un derecho humano”, advirtió. También alertó sobre el riesgo de que la reforma se use como mecanismo de control político. “Yo mismo fui objeto de una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera por el sentido de mis resoluciones y no porque hubiera algo ilegal, pero fue un mecanismo de presión política, esto le puede pasar a cualquiera”.
Ricardo Anaya, coordinador del PAN, acusó a Morena de ignorar los límites constitucionales al aprobar la disposición, por lo que anunció que será impugnada ante la Corte. Por su parte, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, calificó la modificación como una violación a principios fundamentales del derecho y de la Constitución.
AMLO VS EU
Desde 2024 existe en una fiscalía federal de Nueva York un expediente contra el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y los gobernadores morenista Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, y Américo Villarreal, de Tamaulipas. En el expediente de más de 192 páginas se acusa a AMLO y a esos mandatarios de presuntamente haber sido parte de una compleja trama de diversos delitos, en la cual cárteles de la droga como el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Noreste y Cártel del Golfo, financiaron campañas políticas de candidatos de Morena entre 2018 y 2024. También hay una investigación de la DEA sobre el financiamiento del Cártel de Sinaloa a la campaña presidencial del 2006 de Andrés Manuel López Obrador. El escándalo salpica a los gobiernos morenistas de Nayarit, Tabasco, Sonora, Baja California, Campeche, Michoacán y Colima, y a la Secretaría del Bienestar, responsables de administrar los programas sociales emprendidos por AMLO para atender la pobreza.
La red de huachicol fiscal destapada en Tamaulipas es otro caso en donde se revelan situaciones comprometedoras para el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual también es investigado en Estados Unidos. En un documento filtrado a medios de comunicación, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, entregó a la Secretaría de Gobernación, encabezada por Olga Sánchez Cordero, un documento en donde advertía de la red de corrupción en esa entidad. Ahí, en el oficio No. O.E. /040/2020, del 8 de julio de 2020, denunció la presencia de líderes criminales vinculados al huachicol fiscal, por lo cual solicitó el apoyo de las instituciones federales para ejecutar órdenes de captura correspondientes. Fue ignorado.
El fantasma del “huachicol fiscal” persigue a AMLO desde 2021, cuando fue asesinado Sergio Carmona Angulo, en una barbería de San Pedro Garza García, en Nuevo León. Su ejecución ocurrió en el marco de una serie de reportajes publicados en medios de comunicación que lo señalaban por tráfico ilegal de combustible y de financiamiento a campañas de candidatos de Morena, incluyendo Sinaloa y Tamaulipas.
DE LOS PASILLOS
La frase: “Las playas son de los mexicanos” es utilizada desde hace muchos años en las campañas políticas de México. En el periodo denominado “neoliberal” se privatizaron las playas. Antes de las modificaciones a la fracción I del Artículo 27 constitucional, se prohibía que en una faja de 100 kilómetros a lo largo de la frontera y de 50 en las playas, “por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas”. No pocos magnates burlaron el precepto a través de prestanombres y fideicomisos. Y el 23 de abril de 2013, diputados aprobaron la reforma al Artículo 27 constitucional, con lo cual “se permitirá a extranjeros comprar inmuebles en playas y litorales mexicanos”. Con la denominada “Ley Beltrones” los mexicanos se quedaron sin playas. En octubre de 2020, fue derogada la privatización de las playas. Y el pasado 1 de octubre, con el voto de todas las bancadas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para que quienes posean concesiones o permisos en zonas federales marítimo terrestres estén obligadas a garantizar el ingreso público a las playas… Ya ni el zócalo capitalino es de los mexicanos: hubo actos violentos durante la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México: 94 policías resultaron lesionados; 16 policías continúan hospitalizados y bajo observación médica. También resultaron lesionados 29 civiles: siete reporteros, fotógrafos y camarógrafos.
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