Algunos o todos los asesores jurídicos de la Primera Magistrada de la Nación, deberían de saber que uno de los principales ideales de la Democracia y del Estado de Derecho es el sometimiento del poder a las reglas establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Durante las décadas en que gobernaron el neoliberalismo y Andrés Manuel López Obrador, el problema fundamental por el que atravesó nuestra democracia, lo fue el de las imposiciones y no poner obstáculos para evitar el crecimiento de la arbitrariedad, impunidad, injusticia y narco-política.
Para la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, ese desasosiego que a la fecha existe en nuestra Nación, tiene precisamente su origen por la falta de respeto de aquellas gobernanzas a los procedimientos jurídicos que limitan el poder a efecto de evitar un ultraje a la ley.
Para los actuales sectarios y amigos de Andrés Manuel López Obrador, existen razones e intenciones para no poner atención a los preceptos indicativos del Pacto Federal. Por ejemplo, los procedimientos de control efectuados y hechos valer a efecto de obtener la sumisión del poder en la impartición de justicia.
Es cierto que cualquier gobernanza siempre se encontrará supeditada a la crítica que exprese la oposición, pero también es verdadero que los procedimientos de corrupción para obtener la sumisión de jueces y magistrados únicamente condenan a nuestra democracia a un desorden y corrupción, que es el otro gran problema que enfrenta hoy nuestra República.
Para el conocimiento de ciertos asesores y ciertas guías jurídicas y políticas de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en los ordenamientos legales y constitucionales existe una última instancia que debe de decidir sobre todo aquél problema que incumba a la justicia. Cuando tiene vida ese problema no se puede recurrir ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Legislativo y con la existencia de una sumisión del Poder Judicial Federal, no existe forma jurídica de garantizar que los poderes actúen legalmente.
En seguimiento a ese orden de ideas, habrá que obligarlos a comprender que esa última instancia jurídica y democrática siempre busca el mejor argumento legal para resolver las confrontas, por ello jamás debe de existir una sumisión al poder que no sea al poder de la justicia, a contrario sensu la gobernanza se encontrará sometida a las presiones de las críticas que ejerzan las comunidades jurídicas, científicas, sociales, culturales y políticas que no se identifiquen a los presupuestos de esa “sumisión”.
Los actuales críticos de la comunidad jurídica y democrática constituyen el real antídoto ante los excesos del poder corruptor afianzado dentro de los tres Poderes de la Unión.
El problema de corrupción por el que atraviesa nuestro México tiene que ver con la lealtad con la que se desarrolla el Poder Ejecutivo. Ser leal requiere ser verídico en el desempeño de su mandato.
Finalmente, la pregunta a realizar sería ¿Claudia Sheinbaum Pardo, es leal al poder de la corrupción emanado de la narco-política o al poder que legítima su mandato?.
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortiz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..
