Por: Luis Ramírez Baqueiro
“Los hombres son sabios, no en proporción a la experiencia recibida, sino a su capacidad de experiencia”. – George Bernard Shaw.
En la capital de Veracruz existen dos instituciones cuya relevancia, aunque muchas veces pasa desapercibida en la opinión pública, resulta crucial para la estabilidad política y social: la Universidad Veracruzana (UV) y el Instituto de Pensiones del Estado (IPE). Su papel es tan determinante que cualquier crisis en alguna de ellas tiene el potencial de alterar de forma grave la gobernabilidad de Xalapa y, por extensión, del estado entero.
Por un lado, la UV no solo es el principal motor de formación de capital humano en la entidad, sino también una fuente de investigación, cultura e innovación.
Con un presupuesto autorizado por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) al 4 de octubre de 2024 de 10 mil 268 millones 661 mil pesos, de los cuales el Estado debe aportar 5 mil 152 millones, la universidad concentra un peso económico y social que la convierte en actor clave en la dinámica de la capital.
Por otro, el IPE, con un presupuesto cercano a los 5 mil millones de pesos, garantiza el pago de pensiones a miles de derechohabientes. Se trata de un organismo cuya misión toca directamente el sustento de quienes entregaron su vida laboral al servicio público. Su estabilidad financiera y administrativa es vital para la paz social.
La historia reciente ofrece una advertencia clara. En 2015, el entonces gobernador Javier Duarte enfrentó una crisis de gobernabilidad precisamente por los adeudos y retrasos con la UV, lo que provocó que estudiantes, académicos y autoridades tomaran las calles. A la par, la crisis del IPE llevó a pensionados a protestar y ser violentamente reprimidos por la Secretaría de Seguridad Pública. El resultado fue un clima de tensión que golpeó de lleno la imagen y capacidad de gobierno, que a la postre le costó al mismo Duarte de Ochoa su gobierno.
Hoy, las alarmas vuelven a encenderse. La UV atraviesa una crisis interna atribuida a su rector, Martín Aguilar Sánchez, cuya permanencia al frente y el manejo de la Junta de Gobierno, configurada a modo, amenazan con desatar un conflicto de magnitudes no vistas desde la huelga de la UNAM en 1988. El riesgo es real: una universidad paralizada en el corazón de la capital sería un golpe directo a la estabilidad social y política.
Por ello, el Consejo Universitario debe ejercer su papel como máximo órgano de decisión, evitando la concentración de poder y frenando las prácticas que erosionan la autonomía universitaria. Al mismo tiempo, la gobernadora Rocío Nahle García tendría que diseñar ya una ruta de intervención política y negociación que permita preservar la paz social.
La UV y el IPE son mucho más que instituciones públicas: son dos columnas maestras que sostienen el equilibrio de Xalapa. Si una cae, todo el edificio de la gobernabilidad podría tambalearse.
Al tiempo.
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