DE FRENTE Y DE PERFIL
RAMÓN ZURITA SAHAGÚN
Pasan los días y se acerca el tiempo de campaña para que los candidatos a ocupar una plaza en el Poder Judicial inicien su labor proselitista.
Lo curioso de esto es que su labor se restringe, ya que cuentan con dos meses para convencer a un electorado desinteresado de votar.
Un poco más de 220 mil pesos es el monto asignado para aquellos que busquen ocupar un sitio dentro del Poder Judicial, donde se sortearán cinco categorías, las más preciadas son las de ministros de la Corte, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral.
Habrá en total cinco papeletas de diversos colores para que los electores las puedan identificar, aunque los más optimistas consideran que no se rebasará más allá del 20 por ciento del padrón electoral.
Por eso se considera que los ganadores deberán obtener poco más de cuatro millones de sufragios para conquistar un lugar en el poder judicial.
Es un proceso electoral complicado, donde los sufragantes que no son muy duchos en el uso de las papeletas y un gobierno incapaz de comunicarse enfrenta un grave problema, aunque solucionable, a final de cuentas, ya que la base de todo es la movilización.
Los movimientos de los aspirantes deben darse con mucha precaución, ya que el INE será el encargado de fiscalizar los desplazamientos que hagan, así como el dinero invertido en su proselitismo y aplicar sanciones, en caso de campañas anticipadas y otras reglas que sean infringidas.
Hasta ahora se desconoce si habrá sanciones en contra de cuatro mujeres vinculadas a la 4T, las ministras del Corte, Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, así como la aspirante a magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Celia Maya, quien ocupó un sitio como consejera de la Judicatura Federal.
Las cuatro han usado los tiempos de precampaña para acudir a diversas reuniones con todo y desplazamientos a sitios fuera de la CDMX y son enlistadas para ocupar una de las nueve plazas de la corte las tres primeras y del Tribunal de Disciplina Judicial la segunda, donde también se ubica a Bernardo Bátiz.
De ser cierta esta versión, se restringen los espacios en estos dos lugares, dejando 2 plazas para mujeres y cuatro para hombres en la Corte y tres en el Tribunal, una de ellas para varón y dos más femeninas.
Lo complejo del proceso electoral, las versiones que se difunden sobre una elección ya comprometida vulneran la confianza de los ciudadanos que quieran acudir a las casillas.
Otra versión apunta hacia los personajes cercanos a la Presidenta Claudia Sheinbaum, varios de los que entraron en la boleta, dando rienda suelta para que aquellos que manejan las movilizaciones de MORENA sean los más gananciosos en este proceso electoral.
Y es que la reforma al Poder Judicial pudo haber sido diseñada con rigor intentando sacudir la corrupción de su entorno, pero lo intrincado de la elección pone a dudar a muchos.
La versión que circula por todos lados versa sobre la intención de que desde el Poder Ejecutivo se trabaje arduamente para tener las riendas para manipular los otros dos poderes de la Unión, el Legislativo y ahora el Judicial.
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El tiempo transcurre y la impunidad sigue siendo uno de los principales cánceres del país. La exfiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, señalada por encubrimiento y vista como la que armó desde el gobierno el escenario de la supuesta ejecución de Héctor Melesio Cuén en una gasolinería para robarle la camioneta, sigue impune y no es rozada con el pétalo de una flor. Lo bueno es que no hay impunidad en México.
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